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COMO LIQUIDAR EL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

enero 14th, 2016 Publicado por Derecho Civil No hay comentarios

Los cónyuges pueden pactar, antes de la celebración del matrimonio y mediante escritura pública formalizada ante Notario, el régimen económico matrimonial que deseen para su matrimonio. También, y durante la vigencia del matrimonio, pueden pactar acogerse a otro régimen económico matrimonial distinto del que ya tienen, haciéndolo igualmente mediante escritura pública ante Notario, sin perjudicar los derechos ya adquiridos por terceros. En principio, si los cónyuges no pactan mediante capitulaciones matrimoniales un régimen específico, les regirá el sistema de gananciales. A menos que los cónyuges se acojan al derecho foral propio que les corresponda, que en algunas Comunidades Autónomas se asemeja más al sistema de separación de bienes.

Muchas veces los cónyuges no saben qué regimen económico tienen, hasta que no deciden hacer una modificación notarial del mismo durante el matrimonio o hasta que no deciden separarse, divorciarse o anular su matrimonio. En caso de separación, nulidad o divorcio puede disolverse el regimen económico matrimonial, aunque sin liquidarse. Por ejemplo, si el divorcio o la separación no es de mutuo acuerdo, sino contencioso, la sentencia de divorcio disuelve el régimen económico matrimonial, pero para liquidarlo habrá que acudir simultáneamente o con posterioridad a otro procedimiento específico de liquidación del régimen económico matrimonial. Una cosa es la disolución del régimen económico matrimonial y otra cosa distinta es la liquidación del mismo.

Puede suceder también que en un divorcio o en una separación de mutuo acuerdo, los cónyuges decidan disolver el régimen económico matrimonial pero sin liquidarlo todavía. En este caso la sentencia de divorcio o de separación de mutuo acuerdo disuelve el régimen económico matrimonial, pero sin liquidarlo; habrá que liquidarse más adelante mediante un procedimiento propio e independiente. Lo cierto es que lo más deseable, rápido, sencillo y menos costoso es que en el divorcio de mutuo acuerdo los cónyuges decidan, mediante su convenio regulador, disolver y liquidar al mismo tiempo el régimen económico matrimonial (salvo el caso de que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes).

Para liquidar el régimen de gananciales, tendrán que confeccionar un inventario de los bienes matrimoniales (con una valoración objetiva de los activos y los pasivos), cancelar las deudas si las hay y, dependiendo del balance, hacer las respectivas adjudicaciones entre los cónyuges.

Tenemos entonces que en la liquidación del régimen económico matrimonial, además de la que pueden realizar los propios interesados mediante las capitulaciones matrimoniales formalizadas en escritura pública ante Notario, pueden seguirse distintos procedimientos, unos de carácter consensual y otros de carácter contencioso.

  1. De carácter consensual o de mutuo acuerdo:
  2. a) Como ya se dijo, los cónyuges pueden incluir la liquidación del régimen económico matrimonial dentro del contenido del convenio regulador que presenten junto con la demanda de separación o de divorcio de mutuo acuerdo. La otra posibilidad es que los cónyuges, de manera previa al proceso matrimonial, hayan acudido a un Notario para proceder a la liquidación de su sociedad, por lo que la liquidación quedaría al margen del convenio y del propio proceso de nulidad, separación o divorcio. Estas dos posibilidades son, sin duda, las mejores porque aseguran la manera amistosa y consensuada en que se reparten los cónyuges el patrimonio, con la evidente venatja de la celeridad y economía procesal.

La liquidación consensual está incluida en el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo, conforme al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo en el convenio regulador la liquidación
del régimen económico, de forma separada a las restantes estipulaciones. Tal posibilidad se prevé en el artículo 90 del Código Civil español, cuando se refiere al contenido que ha de tener el convenio regulador del procedimiento matrimonial, y en tal caso, el Juez lo aprobará en la sentencia que declare la separación o el divorcio.

  1. b) Liquidación consensual en convenio posterior, una vez firme la sentencia de separación o divorcio. La liquidación puede realizarse de forma independiente al procedimiento de separación, para lo que se seguirá el mismo procedimiento consensual, en el que los cónyuges se ratificarán y tras ello, será aprobado por el Juez. Aún cuando la normativa expresa no está prevista, debe entenderse que el procedimiento es el mismo, ya no sólo por una aplicación analógica del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino porque nos encontramos ante un acuerdo, cuya aprobación judicial se solicita, y resulta evidente por ello el trámite, conforme al artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tras la ratificación de los cónyuges, el acuerdo es homologado por el Juez. La resolución más adecuada para la aprobación de la liquidación, es el auto.
  2. c) Conformidad en la liquidación en la tramitación de un procedimiento contencioso de separación o divorcio. Es un caso que no ocurre con frecuencia, porque lo usual es que las partes no estén de acuerdo en el reparto de los bienes y que sea la liquidación la que condicione todo el procedimiento matrimonial. Pero puede suceder que las partes estén de acuerdo en la liquidación del régimen económico matrimonial y, sin embargo, no estén de acuerdo en las consecuencias, efectos o medidas que hayan de adoptarse en el procedimiento matrimonial. Por ejemplo, que las partes estén de acuerdo en el haber ganancial y en su reparto o adjudicación entre los cónyuges, pero la esposa solicita una pensión compensatoria que el marido no le quiere reconocer. En tal supuesto, no existe inconveniente para aprobar la liquidación en la sentencia matrimonial, siempre y cuando los cónyuges hayan expresado la conformidad con la liquidación, cualquiera que fuera el resultado del procedimiento judicial contencioso en el resto de las cuestiones del litigio. El artículo 91 del Código Civil dice que en defecto de acuerdo de los cónyuges, permite al Juez determinar lo procedente respecto a la liquidación del régimen económico del matrimonio.
  3. De carácter contencioso:

En caso en que no se pueda llegar a una liquidación consensuada del patrimonio conyugal, habrá que proceder a liquidarlo por vía judicial mediante el procedimiento específico contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, establecido concretamente para la liquidación del régimen económico matrimonial en sus artículos 806 y siguientes, cuya complejidad procedimental puede hacerse excesivamente larga y costosa, con la posibilidad de dilaciones por las partes implicadas, de modo que en un mismo procedimiento pueden darse hasta cuatro fases diferenciadas.

El artículo 806 señala que “la liquidación del régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables”. Obviamente, se refiere a la liquidación del régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales, pues es donde existe esa masa común de bienes, derechos y obligaciones. También será aplicable para los regímenes forales o autonómicos de comunidad o consorcio conyugal, respecto de los que no existan normas sobre el procedimiento de liquidación.

Este procedimiento se realizará de manera simultánea al de la nulidad, la separación o el divorcio, si así lo solicita alguno de los cónyuges en la demanda o, en caso contrario, con posterioridad a éste mediante una nueva demanda. Una vez admitida la demanda, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que se realice un inventario de los bienes y deudas de la sociedad de gananciales. Tal solicitud deberá acompañarse de una propuesta en la que deberán constar los activos y pasivos de los bienes gananciales existentes, deudas pendientes, cantidades que habiendo sido pagadas por uno sólo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad, acompañados de los documentos que justifiquen el inventario.

Se fijará día y hora para la formación del inventario, al que acudirán los dos cónyuges y el Secretario Judicial. Si no comparece uno de ellos sin causa justificada, se entenderá que está de acuerdo con la propuesta de inventario. Si compareciendo las partes llegan a un acuerdo sobre el inventario, éste quedará reflejado en un acta.

Si se producen controversias entre los cónyuges sobre la formación del inventario, se realizará una vista ante el Juez para intentar aclarar los extremos y, finalmente, el Juez dictará sentencia aprobando el inventario y estableciendo lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.

Una vez concluido el inventario, ya sea por acuerdo entre los cónyuges, ya sea por la resolución judicial dictada al respecto y siendo firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, los cónyuges presentarán una propuesta de liquidación que incluya la satisfacción de las deudas que tuviese la sociedad de gananciales con cada uno de los cónyuges.

Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance: 1) Los bienes de uso personal que no sean de extraordinario valor. 2) La explotación económica que gestione efectivamente. 3) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión. Podrá solicitar el cónyuge, que se le atribuyan estos bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario, deberá éste abonar la diferencia en dinero.

Una vez admitida la solicitud de liquidación, se citará a los cónyuges para que comparezcan ante el Secretario Judicial y lleguen a un acuerdo sobre el reparto. Si uno de los cónyuges no comparece sin justificación, se entenderá que está conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido.

Si no llegan a un acuerdo sobre este extremo, se procederá al nombramiento de contador mediante comparecencia de los interesados ante el Secretario Judicial; si las partes no se ponen de acuerdo sobre la persona que debe ejercer dicho cargo, se designará por sorteo entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos sobre la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio. También, por el mismo procedimiento y si fuera necesario, se procederá al nombramiento de peritos, nunca más de uno para cada clase de bienes, para que procedan a su valoración.

En un plazo máximo de dos meses el contador deberá presentar un escrito en el que expresará: la relación de los bienes que forman el caudal partible, la valoración de los bienes, la liquidación de la masa de bienes, es decir, su división y adjudicación a cada una de las partes.

Presentado este escrito se dará traslado del mismo a los litigantes para que en un plazo máximo de diez días manifiesten si se oponen a las operaciones divisiorias practicadas por el contador. Si no manifiestan nada al respecto, se les tendrá por conformes. Si mostraran oposición, se les citará a una comparecencia para intentar que lleguen a un acuerdo al respecto. Si en dicha comparecencia logran un acuerdo, el contador hará las operaciones divisorias de conformidad con el acuerdo alcanzado. Si no logran dicho acuerdo, el Juez siguiendo los trámites establecidos para el juicio verbal, oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que considere útiles para la resolución del litigio, se practicarán las mismas y dictará sentencia.

Una vez que se haya realizado la partición y la adjudicación, cada cónyuge adquirirá la propiedad y la posesión de los bienes que se le otorguen, siendo la resolución judicial que en su caso se dicte, el título que permitirá al beneficiario solicitar en el Registro de la Propiedad que éstos queden inscritos a su favor, sin que sea necesario pagar el correspondiente Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges con anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, serán los herederos de dicho cónyuge los que continuarán hasta liquidar finalmente la sociedad conyugal.

Si no existiere acuerdo en la liquidación, aún después de haberse tramitado este procedimiento, pueden las partes acudir al Juicio Declarativo Ordinario que corresponda (artículos 810,5 y 787,5 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), ya que la sentencia que resuelva sobre la liquidación no produce efecto de cosa juzgada.

Sin embargo, en el caso de que las divergencias entre las partes estuviesen claras desde un primer momento y que el objeto del procedimiento estuviese claramente determinado, de modo que se conociese perfectamente que iba ser inoperante toda la tramitación del procedimiento específico, prediciéndose la imposibilidad de evitar el declarativo ulterior, en tal caso, el principio de tutela efectiva y de evitación de dilaciones indebidas y el de economía procesal, aconsejarían, que de forma excepcional, se admitiera tal posibilidad, evitando trámites innecesarios, que sólo aprovecharían a la parte que pretenda servirse del procedimiento como una táctica meramente dilatoria.

No debe olvidarse que en estos asuntos puede haber interés de conseguir la máxima dilatación del procedimiento, porque no se desea el reparto de los bienes, de modo que suele ser habitual que uno de los cónyuges tienda a impedirlo por el máximo tiempo posible, bien para obtener el uso o disfrute de unos bienes por más tiempo o con objeto de tener la disposición de los mismos o de ocultarlos. Finalmente, debe reseñarse la posibilidad de la tramitación de un procedimiento para la liquidación complementaria o adicional, para el caso de que no se hayan contemplado todos los bienes o derechos de la sociedad conyugal y deban adicionarse otros bienes, derechos u obligaciones.

Los asuntos que se deriven del régimen económico matrimonial de separación de bienes, en la medida que no determina masa común alguna entre los cónyuges, no podrán tramitarse a través de este procedimiento. La existencia de bienes comunes entre los cónyuges, no siempre es consecuencia del régimen económico estipulado entre ellos, sino de la forma concreta de la adquisición de la propiedad o de obligarse en un momento determinado. No existe en el régimen económico matrimonial de separación de bienes una masa común de bienes afecta a determinadas cargas y obligaciones, por lo que no puede utilizarse este procedimiento aún reconociendo que será necesaria también una liquidación, en relación, por ejemplo, con la presunción de cotitularidad (artículo 1.441 del Código Civil), rendición de cuentas por la gestión de bienes del otro cónyuge (artículo 1.439 Código Civil ), la determinación de la compensación (artículo 1.438), afectación de bienes privativos al levantamiento de las cargas familiares (artículo 1.318 Código Civil). Las controversias que puedan producirse entre los cónyuges en estos aspectos concretos, deberán dilucidarse en el procedimiento declarativo que corresponda por la cuantía.

Quedan excluidos también de este procedimiento, los supuestos de división del patrimonio de una unión de hecho, ya que el procedimiento sólo se refiere a la liquidación del régimen económico matrimonial, de modo que en los bienes, derechos y obligaciones adquiridos en común entre la pareja deben aplicarse las normas generales para la división de la cosa común.

El artículo 811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se refiere a la liquidación del régimen económico de participación en las ganancias, a pesar de que en este régimen no existe una masa común de bienes y derechos, sino como medio para concretar el porcentaje de aumento del patrimonio de cada uno de los esposos y la obligación del cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado mayor incremento.

NOTA ACTUALIZADA: La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), al añadir en la disposición final doce, una cuarta excepción al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción: “En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos”.

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